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En el panorama financiero actual, los activos virtuales están ganando cada vez más protagonismo. Argentina, en línea con los esfuerzos globales por regular este sector emergente, ha establecido un marco regulatorio específico para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) a través de licencias específicas. Este enfoque busca brindar mayor transparencia, seguridad y cumplimiento a las instituciones financieras y proveedores que operan con activos virtuales. Pero, ¿qué son exactamente los PSAV y por qué son importantes? En este artículo, desglosaremos qué son los PSAV, su relevancia y cómo las empresas en Argentina pueden cumplir con estas normativas.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha dado un paso más hacia la transformación digital con el lanzamiento de una nueva API que permite a las entidades financieras consultar la Central de Deudores de manera programática. Este avance, alineado con la estrategia de finanzas abiertas del BCRA, tiene como objetivo facilitar el acceso a la información financiera de personas y empresas, mejorando la eficiencia de los sistemas y la transparencia para los usuarios.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha lanzado el pasado 22 de septiembre una nueva API para consultar la Central de Deudores, un desarrollo que promete transformar la forma en que accedemos a información crítica sobre las financiaciones en el sistema financiero. Esta iniciativa se alinea con la estrategia de Open Finance del BCRA, que busca fomentar la inclusión y la transparencia en el sector.
El onboarding de empresas puede tener sus dificultades. Desde el lado comercial, dificultades del tipo experiencia de usuario, acceso a los servicios financieros, fricciones, entre otras barreras. Desde el lado de cumplimiento, hay varios puntos a tener en cuenta: Verificación de la existencia de la empresa, sus representantes legales y autorizados, la identificación beneficiarios finales, su matriz de riesgo, documentación respaldatoria, etc.
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La precalificación es un paso crucial en el proceso de otorgación de garantías. Se trata de una evaluación preliminar que permite determinar si una empresa cumple con los criterios básicos para ser considerada como candidata a recibir una garantía. Este proceso no solo optimiza el tiempo y los recursos de la SGR, sino que también proporciona a las empresas una visión temprana de su elegibilidad permitiéndoles una mayor previsibilidad.
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